Archive for the ‘accion judicial penal’ Category

“La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando, detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como objetivo propio”

Domingo 11 de marzo de 2012 | Publicado en edición impresa

Entrevista con Antonio Gustavo Gómez

 

“Hay impunidaden materia de contaminación”

 

El fiscal general de Tucumán explica por qué cree que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y revela datos estremecedores: la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá, el pueblo catamarqueño que se alzó contra la contaminación minera

 

Por Laura Di Marco  | L

Qué margen tiene un fiscal hoy, en la Argentina, para investigar seriamente al poder? “Ninguno; absolutamente ninguno”, fue la inquietante respuesta del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuyo cargo es uno de los más importantes en la justicia federal del Norte.

“La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando, detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como objetivo propio”, relata a LA NACION este fiscal, que nació en Puerto Deseado hace 52 años, y que se ha ido transformando en una suerte de emblema para los ambientalistas de Andalgalá, aquellos que militan en contra del megaproyecto minero que explota la empresa Bajo La Alumbrera.

Ocurre que Gómez se especializa en derecho penal ambiental y, desde que llegó al Norte -donde, según dice, “hay delito ambiental para hacer dulce”- abrió más de 80 causas, entre ellas una contra un alto ejecutivo de la empresa que explota Bajo La Alumbrera, el megaproyecto minero que, hace menos de un mes, fue blanco de furiosas protestas.

Para pesadilla de muchos, desde que llegó a Tucumán, en 2001, puso en la mira de sus investigaciones a ingenios, citrícolas, papeleras, recolectoras de residuos, frigoríficos. Procesó, además, a autoridades públicas por su complicidad en la contaminación, ya que una de sus máximas jurídicas sostiene que “detrás de cada delito ambiental, no hay desidia, ni distracción sino un funcionario corrupto”.

Pero a Gómez no parece bastarle con investigar a quienes dañan al ecosistema. Hace tiempo que viene poniendo el ojo, también, en delitos económicos complejos, como el contrabando y la evasión tributaria en materia sojera, desde que el Norte se convirtió en tierra fértil para el “yuyo maldito”. Lo explica: “Hay grandes multinacionales que bajan a Tucumán, con maletines llenos de dinero -los tienen escaneados, según cuenta- para comprarles a productores que, en su gran mayoría, trabaja en negro. Y como el exportador necesita una factura, es allí cuando aparecen empresas falsas, vendiendo facturas truchas. Desmontamos varias de estas redes”, relata.

La corrupción dentro de la propia administración de Justicia es otra de sus acciones fuertes. Y da un ejemplo impresionante: “Hemos tenido el caso de un juez del tribunal oral federal de Salta que fue sorprendido en conversaciones telefónicas con los narcos, que negociaban su libertad a cambio de dinero”.

En el marco de una gira por Europa y Estados Unidos, que empezó la semana pasada y durará un mes, dará una serie de conferencias relacionadas con su expertise. En los próximos días, por ejemplo, hablará ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, donde expondrá un caso de contaminación ocurrido en Abrapampa, Jujuy, donde el 82 por ciento de los chicos recibieron contaminación con plomo que deriva en graves discapacidades mentales. Habían instalado, en el medio de la ciudad, un campo de residuos de plomo. La empresa había abandonado el lugar, después de quebrar, y nadie más se había ocupado del asunto.

“Voy a utilizar el caso como prueba de la impunidad que existe en materia de contaminación en la Argentina”, avisa.

-Le han hecho fama de fiscal antimegaminería, ¿compra ese rol?

-No me considero antimegaminería. No estoy en contra de la minería ni mucho menos. Estoy en contra de los delitos que se cometen en nombre de la minería, que es muy distinto, y en contra, también, de la explotación minera irracional y sin controles estatales.

Es cierto que soy un fiscal federal que trata de hacer su trabajo en materia de delitos ambientales -agrotóxicos, vinaza, residuos radiactivos- y probablemente me destaco porque, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. No hay fiscales federales preocupados en capacitarse y avanzar en materia de delitos ambientales. Mi interés por la justicia ambiental empezó cuando me nombraron fiscal federal en Chubut. Entonces, abrí una causa penal que alcanzó mucha difusión, la de un empetrolamiento de 17.000 pingüinos, en 1991. El reclamo internacional por el daño ambiental y la ineficacia de las normas administrativas para tratar el tema me convencieron, finalmente, de que la única herramienta es el derecho penal ambiental.

-¿Qué presiones se enfrentan cuando se investigan delitos ambientales?

-Detrás de cada delito ambiental no hay ni distracción ni desidia, sino un funcionario corrupto, por lo que en Tucumán hubo algunas condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito. Perseguimos al contaminador, pero también al funcionario que le ha permitido contaminar. Hemos iniciado causas de oficio y alentamos a la gente para que participe y haga denuncias (la página para hacerlo es www.fiscaliagratucuman.gov.ar )

La realidad es que, cuando investigamos un delito ambiental, la mayor presión que recibimos es del propio Estado. Y no sólo no reclama indemnizaciones -porque, sin duda, los más afectados por la contaminación siempre son los más pobres, que se atienden en hospitales públicos-, sino que es cómplice. Y lo peor: combate a quienes investigan.

-Hace unos meses, sin embargo, el gobernador de Santiago del Estero se convirtió en querellante ante la contaminación que, al parecer, está afectando a las Termas de Río Hondo.

-Sí, Zamora se constituyó en querellante porque las termas están afectadas, entre otras cosas por el megaproyecto de Minera La Alumbrera, y puede afectar al turismo. En las termas hay metales pesados, algunos incluso radiactivos, que en las aguas generan enfermedades. No sucedió así, sin embargo, con el gobernador Alperovich (de Tucumán), que empezó con una demanda por contaminación, hasta que La Alumbrera construyó el hospital de Niños en la provincia. Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder político, y difícilmente ocurre al revés, por eso es mucho más difícil investigarlo y lograr condenas. El poder económico puede comprar con mucha facilidad al Poder Judicial, o puede presionar al poder político para designaciones en el poder judicial. En la juridiscción mía, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, los jueces de primera instancia son suplentes, desginados a dedo por el oficialismo. Eso hace que no tengamos una administración de Justicia realmente independiente.

-La protesta de los vecinos y asambleístas de Andalgalá se basa en que el megaproyecto minero afecta la salud de la gente; sin embargo, la empresa que explota el yacimiento, Xstrata Copper, argumentó que no usa cianuro en la producción de oro y, además, mostró estudios realizados por médicos prestigiosos como Daniel Stamboulián, titular de Funcei, cuya conclusión es que la minera no afecta el medioambiente. ¿Qué argumentos tiene usted para sostener lo contrario?

-En materia de minería, Andalgalá es una de las ciudades mas afectadas por la cercanía de un megaproyecto minero con las consiguientes consecuencias ambientales dañinas que ello conlleva. Y además, gracias a los avances tecnológicos, ya no están aislados: cuentan con información, tanto para darla como para recibirla.

Por otro lado, le digo que sí tiran cianuro y lo dice la misma empresa en un informe de impacto ambiental, presentado en junio de 2006, cuyo análisis fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (Ina). Esto, creo ya, da por tierra esa discusión. Además, existen estudios que revelan datos inquietantes: que la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá. El doctor Luis Alberto Flores, del hospital zonal, realizó, junto a un grupo de especialistas, un trabajo de investigación ante el aumento de casos de niños y niñas con cáncer, y la muerte de jóvenes por esta enfermedad. Desde la radicación de la minera la Alumbrera en Catamarca hace más de 15 años, curiosamente, aparecieron distintos tipos de cáncer que afectan a gran parte de las ciudades aledañas a la explotación de la mina. Cada año, se registran cinco casos de cáncer óseo en niños en Andalgalá.

El procesamiento por contaminación contra La Alumbrera dictado por la Cámara Federal de Tucumán, en 2008, en un fallo muy valiente, puso en crisis todo el sistema de minería a cielo abierto y se realizó en base a una comunidad que presionó a los jueces por los daños físicos provocados por la contaminación (muerte de animales, plomo en sangre de los chicos, etcétera), además de la falta de agua en los valles donde se cultiva, a raíz del uso indiscriminado del agua. Luego, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo de falta de mérito -dos votos contra uno-, declarando nulo el procedimiento. Esta causa penal lleva ya 12 años, y el 28 de marzo la presentaré ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponerla como un claro caso de vulneración del Pacto de San José de Costa Rica.

-Por lo visto, los escollos son muchos en materia de delito ambiental, ¿pudo lograr condenas concretas?

-Claro que es posible condenarlos. Por ejemplo, a los propietarios de un sanatorio, a tres años de prisión en suspenso, por la contaminación de un basural con residuos patogénicos. Y a un intendente, cómplice de una situación de contaminación a un año de prisión. Es posible condenarlos.

-Más allá del tema ambiental, ¿qué posibilidad tiene en la Argentina un fiscal para investigar seriamente al poder?

-Ninguna. Absolutamente ninguna si es como emergente de un juramento y mandato legal. La impunidad en Argentina sólo puede ser vencida por los fiscales de dos maneras: o con apoyo del propio Estado como ocurrió con los delitos de lesa humanidad a partir de que fue incluida en la agenda política por el doctor Néstor Kirchner o cuando tiene detrás del magistrado un apoyo militante de la sociedad que lo reinvidica como objetivo propio.

-Que el poder económico compra al poder político es un buen título, pero ¿qué evidencias puede ofrecer para apoyar esa conclusión?

-Lo he advertido cada vez que me ha tocado investigar algún caso de corrupción en obra pública. Por ejemplo, y por dar sólo uno pero hay otros), el caso “Lomas de Tafí”, el del Plan Argentina Trabaja, o en los mismos delitos ambientales causados en nombre de la minería. Y en este sentido siempre digo que en el mundo la manera más efectiva de ganar dinero rápido y fácil es contaminando. A más contaminación más dinero. A más dinero, mayor corrupción; a mayor corrupción más impunidad y a más impunidad más dinero. Y así en una espiral ascendente del cual las empresas multinacionales y las ecomafias italianas han tomado debida cuenta.

-La afirmación sugiere un alto grado de corrupción en la administración de la Justicia.

-El problema de la corrupción en la administración de la Justicia es muy fuerte. Un juez del tribunal oral federal de Salta fue sorprendido en conversaciones telefónicas, grabadas por el Ministerio público, negociando con narcos su libertad. El juzgado federal de Catamarca hace diez años que está vacante, no se designa. Hay un juez suplente, que tiene una vinculación de parentezco con Alicia Kirchner.

Cuando vos estudiás la corrupción, te das cuenta de que el funcionario corrupto arma un entorno, que compromete a varios para que, en el caso de ser descubierto, varios caigan con él. De ese modo, también garantiza el silencio de sus cómplices. El hombre conserva mucha información y documentación. Tenemos el 20 por ciento de los jueces y fiscales designados a dedo, sin acuerdo del Senado de la Nación; no interviene el Senado.

-¿Qué relación hay entre contaminación y pobreza?

-Directa. Los terrenos contaminados, las márgenes de los ríos como el Riachuelo o el Salí en Tucumán están poblados de villas miserias porque son espacios físicos rechazados por las clases sociales más pudientes. Es además un detonante que agrava la pobreza porque genera un sinnúmero de enfermedades propias de la contaminación que los circunda y de la que no pueden defenderse.

Proclamo que los fiscales tenemos como “clientes” a las víctimas de los delitos. Y en materia ambiental, no hay una víctima más dolorosa, ni más sufriente que los pobres. Las áreas de contaminación ambiental no son ocupados por gente de clase media o alta sino por los más pauperizados. Además, no tienen acceso a la Justicia.

-Al principio de la entrevista hablábamos de las presiones para avanzar en las investigaciones, ¿usted las recibe?

-Sí, claro, pero no me gusta hablar de ello porque en materia de administración de justicia, donde se involucra el poder económico y político en un mismo platillo de la balanza, los magistrados son muy propensos a “atender teléfonos que nunca suenan”. Esta censura casi inconsciente se basa en el miedo. Y hablar de presiones es dar pábulo a ese miedo.

MANO A MANO

Hace un tiempo, en el jardín de su casa tucumana, en Yerba Buena, apareció muerto su perro. Bueno, lo de “apareció muerto” quizá no sea la expresión más exacta: el perro había sido envenenado, algo que, teniendo en cuenta las causas que este fiscal ha investigado, podría hacer pensar, y de hecho lo hizo, en un mensaje mafioso, en una advertencia.

El fiscal Gustavo Gómez vive rodeado de mujeres: su esposa, de origen mapuche; tres hijas, su suegra y dos perras. Hasta su custodia es femenina. Y vive entre causas penales, presiones y reclamos ambientalistas. Por momentos, me hace acordar al ex fiscal Manual Garrido, que finalmente, maniatado, tuvo que renunciar. Aunque, entre ambos, hay una diferencia importante: el fiscal tucumano parece más desprotegido.

Sus empleados lo adoran; sus “mujeres” viven para él; para las ONG ambientalistas es casi un héroe, igual que para los indios quilmes, que viven en las zonas contaminadas; el Nobel de la Paz, que viene promoviendo la creación de un Tribunal Internacional para delitos ambientales, lo distingue (Gómez es el encargado de explorar las vías jurídicas para desarrollar esa propuesta).

Sin embargo, pienso, este hombre no puede ser perfecto. Algún lado oscuro debe tener. Se lo pregunto. “Ah, sí, tengo un problema con el ego; debo luchar contra él”, confiesa. “¿Con el ego, con la necesidad de buscar reconocimiento por lo que hace?” Admite que sí.

Bueno, ahí la cosa cierra más. Perfecto no es. Pero en mi opinión, nada opaca una virtud que, por estas pampas, resulta tan necesaria: la decisión de investigar, con o sin miedo. No es poco en la Argentina. Ni en ninguna parte del mundo..

LA NACION

fuente: http://www.lanacion.com.ar/1455166-hay-impunidaden-materia-de-contaminacion

Anuncios

“Ituzaingó marcará un antes y un después”

 

28/11/2011 00:20

Por Juan Pablo Martínez

Dos productores agropecuarios y un piloto de avioneta serán llevados al banquillo por haber fumigado de manera clandestina campos de soja muy cerca de viviendas en barrio Ituzaingó Anexo. Para Gustavo Gómez, fiscal federal general de Tucumán y especialista en derecho ambiental, este juicio que se llevará adelante en febrero, el primero en el país contra productores, será emblemático porque “marcará un antes y un después en materia de contaminación con agrotóxicos”.

 

Para Gómez, es fundamental que en las causas ambientales haya una condena penal. Asegura que esto ayuda mucho en prevención y que por lo general las acciones con recurso de amparo para frenar ilícitos nunca llegan a buen puerto: “Muchas veces se utiliza la figura del amparo para avanzar en estos casos, pero yo no soy muy partidario de esto porque nuestro país adolece de un serio problema en la administración de Justicia, y muchas veces, nuestros poderes políticos y económicos ni siquiera cumplen con lo que pide la Corte Suprema de Justicia”.

 

El caso Matanza-Riachuelo (en Buenos Aires) es una muestra del fracaso de un recurso de amparo admitido por la Corte, que fija un cronograma de cómo sanear la cuenca y todavía, a dos años del dictamen, no se ha cumplido con casi nada, ilustra el especialista.

 

“En cambio, la acción penal es la amenaza de poner presos a los infractores. En Tucumán, tenemos condenados a intendentes por ser cómplices de contaminación ambiental, a empresarios del ámbito de la salud por tirar residuos patógenos a basurales, y eso genera prevención. Vaya a ver si en Tucumán se tira una jeringa en un basural, cualquiera sabe que puede ir preso por eso, entonces la represión termina funcionando como prevención”, analiza el fiscal.

 

La causa que se juzgará en febrero tiene sus inicios en 2008, cuando el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Merardo Ávila Vázquez, denunció que en barrio Ituzaingó Anexo se estaba fumigando muy cerca de las viviendas de los vecinos, pese a que regía una prohibición para realizar esa actividad a menos de 500 metros de la barriada. La investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Matheu, quien detectó presencia de agrotóxicos a 200 metros de las casas.

 

“Este juicio será importantísimo, porque acá no están en juego únicamente estas personas. Esto puede llegar a crear jurisprudencia que va a afectar a Monsanto, a las grandes empresas que utilizan agrotóxicos para obtener más dinero”, sostuvo el funcionario. “Creo que el éxito de esta causa está en el fiscal Matheu, que peleó muy firme para que se pueda llegar a esta instancia, apoyado por la gente. Y esto también es importante, porque ninguna causa penal prospera si no hay apoyo social”, dice Gómez.

 

En Córdoba, los productores están acusados de “contaminación dolosa”. Por ese delito les puede corresponder una pena de 3 a 10 años de prisión, por violaciones a la ley nacional de residuos peligrosos 24.051 y la ley provincial de agrotóxicos 9.164. Por la contaminación en Ituzaingó, se registraron casos de cáncer en 200 personas.

 

Gómez le sugiere a los vecinos que ante situaciones de estas características no se queden de brazos cruzados, porque hay instancias judiciales para frenar o prevenir casos de contaminación. “Es muy importante no quedarse en la denuncia. Nuestra Justicia en ese sentido fracasa, habitualmente en el ámbito provincial. Por ejemplo, en el norte, está muy al servicio del poder, entonces hay que presentarse como querellantes. Hay que activar el resorte de que cada vecino se transforme en un fiscal de la causa. Esta cuestión, de ser activos en causas penales es nueva, y se ha elevado la posibilidad en los últimos dos años”, sostuvo el fiscal federal.

…………………………………..

“Nada nos va a devolver la salud”

Las madres de Ituzaingó aguardan con ansias que llegue febrero. Desde 2002, ellas denuncian la contaminación en el barrio y ahora esperan que el juicio por las fumigaciones en 2008 tenga un resultado favorable para su lucha.

Sofía Gatica y María Godoy son dos de las representantes de estas mujeres que todos los días pelean por un barrio mejor. Serán testigos en el juicio y se ilusionan con la posibilidad de que los productores sean condenados por las fumigaciones.
Sofía tiene a sus hijos enfermos y en tratamiento, por eso desde hace ocho meses no vive más en Ituzaingó Anexo. “Yo viví 22 años en el barrio, eran ellos o nosotros, y como no tuvimos respuesta me tuve que ir. Uno de mis hijos tiene una enfermedad que es acelerable, mi hija tiene tres agrotóxicos en el cuerpo. Mi casa está a 50 metros del campo, yo no me puedo arriesgar a volver, ya perdí un hijo, nada nos va a devolver la salud”.
María todavía no se olvida de lo que se siente cuando el cuerpo entra en contacto con los agrotóxicos. Una vez le tocó parar, junto a otros vecinos, una máquina que estaba fumigando a 100 metros de las casas: “Estaba lejos pero sentía que se me secaba la garganta, que me ardían los ojos, lo sentís muy fuerte en la nariz. Con el avión es peor porque te rocía todo. Al otro día, me levanté con los ojos pegados”.
En el barrio todavía reclaman prevención para evitar que la situación no empeore. Creen que con una condena mejorarían muchas cosas en lo que a contaminación con agrotóxicos y al cuidado del ambiente se refiere, pero por eso saben que aunque hayan llegado al juicio la lucha no se termina.
“Los ciudadanos no somos conscientes de los perjuicios que le generamos al ambiente, no cuidamos el agua, los bosques, a la gente no le importa nada, mientras esté todo bien en casa no se le da importancia a lo que pasa de la puerta para afuera”, analizó María.

………………

Para Matheu, hay prueba

Para el fiscal que instruyó en la causa de Ituzaingó Anexo, Carlos Matheu, hay una altísima probabilidad de que haya una condena. “Tenemos muchas pruebas contundentes, está todo muy bien fundamentado para demostrar lo que planteamos”, sostiene.
De los campos fumigados se extrajeron muestras de endosulfan y glifosato a 200 metros de las casas de las familias. Los imputados en esta causa son Francisco Rafael Parra, dueño de las tierras y productor sojero; Jorge Alberto Gabrielli, inquilino y explotador de uno de los campos; y Jorge Pancello, piloto aplicador de los productos químicos. “Estamos convencidos de que éste va a ser un caso testigo, porque vamos a sentar un precedente para otras causas. Va a ser la primera vez que productores sean juzgados”, destaca Matheu.
De 2008 a esta parte, los imputados intentaron zafar de la situación, primero intentando apartar al fiscal declarándolo incompetente argumentando que se trataba de un delito federal. Luego, diciendo que no había pruebas suficientes.
“Sostenían que no se había visto la espiga de humo desplegada por el avión al momento de la aplicación. Nosotros, con testimonios, constamos que los vecinos habían sentido picazón de garganta, olor, ruidos de motores, un montón de cosas para presumir que efectivamente se había fumigado”, dice Matheu.
Matheu opina que en las leyes ambientales son necesarias figuras penales que castiguen con cárcel a quienes por sus acciones perjudiquen a la salud de terceras personas.

fuente : http://www.diaadia.com.ar/cordoba/ituzaingo-marcara-antes-despues

 

Fiscal Federal Argentino participa y promueve la construccion de una Corte Penal Internacional para Delitos Ambientales

Need for an International Tribunal to Address Environmental Crimes | MiningWatch.

El estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado en 1998 y puede ser visto como un precedente, de acuerdo con el Fiscal   Gómez, para el establecimiento de una corte de crímenes ambientales internacionales. Cree que ese órgano es esencial para poner fin a la impunidad de que gozan las empresas multinacionales causando daños al medio ambiente a gran escala y a largo plazo. Explica cómo su sueño podría hacerse realidad.

Para contactarse con el Fiscal :                                                                       

Antonio Gustavo Gomez
Fiscal General
correo oficial: agomez@mpf.gov.ar
http://www.fiscaliagraltucuman.gov.ar
54 0381 4311765 / 4311072
Las Piedras 418 3er piso – Tucuman
Argentina

(203)Mientras nuestros senadores sean accionistas de grandes corporaciones ;hasta el mas ingenuo sabrá que cuidaran sus propios bolsillos y no el del pueblo…

El Senador Cesar Gioja, hermano del gobernador de San Juan, consignó acciones en empresas mineras por más de $ 10 millones.
Se entiende todo, no……………………….?

fuentehttp://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1344125

(197) “Detrás de cada delito ambiental, se esconde un funcionario corrupto”

El fiscal federal Antonio Gómez es el representante de la Argentina ante la Red Latinoamericana de los Ministerios Públicos Ambientales, organismo creado con el objetivo de paliar un problema regional: la escasa efectividad a la hora de implementar las leyes ambientales. En 2008, sobre la base de denuncias de las comunidades de Catamarca y Tucumán, comenzó una investigación contra Minera Alumbrera. Por S.R.

– ¿En qué estado se encuentra actualmente el caso Alumbrera?

– La denuncia penal está abierta; el señor Julián Rooney fue indagado y, como consecuencia de esa indagatoria, no puede salir del país sin autorización del juzgado. Es cierto que la Cámara Federal de Tucumán lo procesó por el delito de contaminación ambiental de modo doloso y que la Cámara de Casación Penal anuló ese procesamiento porque consideró que es prioridad del juez federal decidir si lo procesa o no. En caso de que no lo haga, entonces la Cámara Federal puede hacerlo.

– ¿Podemos entonces afirmar que se trata de un tecnicismo?

– Exacto. La verdad es que la causa no está cerraday no solo está imputado Julián Rooney, sino también el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral -a quien todavía no se le tomó indagatoria- porque estoy convencido de que no puede ignorar la contaminación de la minera.

– ¿Cuáles fueron los fundamentos de la acusación?

-Los datos que surgen del informe de impacto ambiental de la propia empresa señalan que están contaminando, declaran valores por encima de los niveles permitidos por nuestra propia ley ambiental, que es la Ley 24051. No lo decimos nosotros sino que la prueba esencial del delito de contaminación surge del propio informe de impacto ambiental y la propia página de la Secretaría de Minería de la Nación.
-¿Cuál es el organismo responsable de la aprobación de este informe?


-La Secretaría de Minería y la de Ambiente de la provincia. Para ser precisos, ambos organismos no aprobaron los informes, sino que señalaron los excesos que figuraban en ellos. Sobre esa base actuamos nosotros. El fallo de la Cámara Federal, cuando lo procesa a Julián Rooney, justamente hace hincapié en las observaciones realizadas por las secretarías provinciales, que son las encargadas de estas inspecciones. Seguramente usted se pregunta cómo pudo entonces haberse habilitado, y debo contestar que es parte del sistema de corrupción que tenemos aquí: a lo largo de tantos años de trabajar en esta problemática he comprobado que detrás de cada delito ambiental, hay un funcionario corrupto. En este caso específico, aun cuando los valores declarados exceden los permitidos y hay observaciones desde el punto de vista técnico, la empresa puede continuar contaminando sobre la base de una suerte de compromiso de estudiar esos valores. Por eso la acusación es contra el secretario de Minería de la Nación (Jorge Mayoral), entre otros funcionarios.
-¿Me puede dar el ejemplo de algún contaminante en particular?


-Por supuesto. Tomemos el caso del cadmio, que es uno de los metales pesados más tóxicos. La minera comunica, en sus informes de los años 2001 y de 2003, que está liberando un miligramo por litro, cifra que excede los valores permitidos por la ley en 5000, 100 o 50 veces según el agua se use para consumo humano, animal o siembra. El caso del mercurio es similar. En el informe figura que tiran un miligramo por litro y, en el caso de este metal, la proporción es 10 mil veces por encima de lo permitido. Hay que ser claro, estas sustancias afectan severamente el ambiente y la salud de las personas y lo que se está contaminando es un río donde la gente va a tomar agua. A pesar de todo, como se trata de una inversión de más de 1200 millones de dólares, no pasa absolutamente nada con los organismos administrativos ni con los de la propia Secretaría de Minería.
-¿No tiene injerencia en el tema la Secretaría de Salud provincial?


-Debería tenerla, pero la Secretaría de Salud de Tucumán hizo un decreto expreso para permitirle a la empresa contaminar por encima de estos niveles. Esta es la resolución que invoca Minera Alumbrera para afirmar que no contamina, aunque esté en niveles muy por encima de los del orden federal. Es como si este mismo organismo hiciera una resolución permitiendo el consumo de marihuana a pesar de que es un delito federal.
-Lo que usted relata da la sensación de que nos encontramos ante una verdadera cadena de permisividad.


-Si todavía quedan dudas al respecto, le doy otro dato reciente. A los efectos de valorar el contenido de las pruebas y recoger muestras, hace unos días se presentó en Minera Alumbrera el fiscal federal Emilio Ferrer y no lo dejaron pasar. Fíjese el poder de la empresa, que no permite avanzar a un fiscal y, peor todavía, la historia continúa: cuando Ferrer se lo comunica al juez, el magistrado le contesta que se vuelva porque iba a averiguar qué había pasado… En definitiva, estamos hablando de algo que llega incluso a afectar al mismo Poder Judicial. Por eso, nosotros sostenemos que la responsabilidad no corresponde solamente a los empresarios, sino también a los funcionarios públicos que firman las autorizaciones aprobando los vertidos ilegales.
-¿Me puede explicar a que se denomina “delito de peligro”?


-Vuelvo al tema droga. Los delitos ambientales -al igual que el narcotráfico- afectan la salud pública. Para secuestrar un kilo de cocaína de un domicilio no se necesita que alguien haya consumido o que haya sido afectada una persona en particular, por eso es un delito de peligro. Es un delito abstracto o potencial porque la sola tenencia es suficiente para configurar una infracción. Pasando al tema de la contaminación ambiental, es mucho más grave, porque la droga afecta la salud del que quiere consumir cocaína, pero la contaminación la padecemos todos, aunque nos opongamos a hacerlo. Es más grave, pero también se encuadra en esa figura penal: no se necesita que alguien esté afectado, el solo vertido de un líquido contaminante es suficiente para configurar el delito. Así lo establece la ley. Pensar en probar el daño es pensar que la ley es perversa.
-¿Hay algún país donde esto se aplique a los delitos ambientales?


-Sí. En España, por ejemplo, y hay países que tienen incluido dentro del Código Penal los delitos contra el medio ambiente de un modo más genérico. En la Argentina, para que quede configurado dentro de la Justicia, lo que hacemos es una aplicación de una ley de residuos peligrosos. Mientras que en España, entonces, talar un bosque es un delito, en nuestro país es una infracción administrativa.
-¿Qué opinión tiene acerca de las promesas de cuidado ambiental, desarrollo local, puestos de trabajo numerosos, entre otros conceptos, siempre presentes en el discurso de las empresas?


-Yo lo llamo contaminación social. ¿Por qué? Porque es la misma técnica que utiliza un narcotraficante que produce droga en un ámbito local: darle plata a la iglesia para el campanario nuevo, a la municipalidad para un gimnasio, al gobierno de la provincia para que mejore un hospital o a la universidad para ampliar instalaciones. Es una técnica que algunos llaman de compromiso social empresario, donde lo que se pretende adquirir es el consenso social para seguir contaminando, pero es falso. A poco de andar, si uno analiza moralmente, comprende que nadie puede ganar dinero a costa de la salud de las personas.
-Por ley, las mineras deben donar dinero a las universidades. Hubo casos en que estas casas de estudios han rechazado las donaciones, ¿son hechos aislados o un patrón general?


-La mayoría de universidades ha aceptado las donaciones. En el caso de la Universidad Nacional de Tucumán, lamentablemente tiene una causa penal abierta porque recibe 20 millones de dólares por año de Minera Alumbrera, que se supone deben ser invertidos en infraestructura y al parecer han sido desviados para otros fines.
-¿Qué expectativas tiene respecto al caso de Minera Alumbrera?


-Mire, cuando me siento a trabajar, si bien tengo en miras el resultado, el tema es la batalla que se dé, porque es muy complicado lograr concretar las condenas en la administración de la justicia penal. Ahora bien, si hablamos de esperanzas, por supuesto que las tengo y así como fue procesado Julián Rooney, en algún momento espero poder hacer un juicio oral y público. En Tucumán tenemos antecedentes positivos, entre ellos, la condena de tres años de prisión a los propietarios de un sanatorio por contaminar con residuos patogénicos y el proceso a más de seis intendentes por delitos de contaminación. Estos hechos me alientan y me habilitan para decir que existe una jurisprudencia que quizás el día de mañana sirva para condenar a una empresa como Minera Alumbrera. Tampoco soy ingenuo y sé que entre el sanatorio y la minera hay una diferencia de varios miles de millones de dólares.

-¿Qué le diría a quienes lo acusan de querer cerrar empresas?

-Yo soy un especialista en delitos ambientales -actividad que ejerzo hace 20 años- y cada vez que encuentro un caso, lo investigo como tal. Cuando no excede los niveles permitidos por la ley, no le presto atención porque no es mi tema. Dicho de otro modo, yo estoy en contra de cualquier delito ambiental. Si una actividad no contamina por encima de los niveles permitidos por la ley, es un problema de los que controlan el ambiente pero no es un delito, entonces a mí no me interesa.

¿Cómo evalúa el marco regulatorio del sector minero en nuestro país?
-La Ley de Inversiones Mineras, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y refrendada por todos los gobiernos provinciales, creó las condiciones de certeza jurídica. Hay que considerar que entre el momento en que se empieza a invertir y aquel en que se produce el primer retorno hay un lapso muy largo. Toda la inversión debe hacerse al principio y no únicamente en equipamiento, sino también en infraestructura. Argentina tiene un régimen joven; por eso es muy importante el apoyo de las autoridades políticas para que la minería se pueda desarrollar. Me parece muy importante todo lo que se pueda hacer para sustentar la seguridad jurídica y apuntalar pilares como la estabilidad fiscal y la seguridad acerca de la propiedad de las mineras. Hoy en día, vemos que San Juan y Catamarca han hecho claras manifestaciones de apoyo para el desarrollo de la industria, con lo cual soy optimista respecto de su crecimiento en el corto y mediano plazo.
-Se cuestiona que el nivel de las regalías que se paga a las provincias es muy bajo y que del 3% previsto en la ley se deducen ciertos costos.


-En realidad no se deducen costos, sino que ese 3% se calcula sobre el valor en boca de mina. Para calcular ese valor, hay dos métodos: a precio de mercado o a costo de factores. Argentina hizo el cálculo más beneficioso para las provincias, que es el valor del mineral o del lingote de cobre o de oro puesto en Londres, descontados los costos para que quede en la boca de la mina. Si se lo hubiera hecho de la otra forma, el valor sería mucho más bajo. Considero que las provincias no están resignando nada. En el caso específico de Catamarca, las regalías más otros impuestos que paga Alumbrera representan más del 70% de la recaudación propia de la provincia.
-Otro de los puntos en discusión es el de los reintegros las exportaciones.

-Concretamente, el proyecto de la Alumbrera no tiene ningún tipo de reintegro. Es más, tiene retenciones a la exportación que fueron aplicadas violando la garantía de estabilidad fiscal por 30 años prevista en la Ley de Inversiones Mineras. Es un 10% de la venta, que representa hoy en día unos 150 millones de dólares anuales. Hay una discusión que está en instancias legales.
-También se señala la minería como la única actividad que no tiene obligación de liquidar en el país las divisas que obtiene de sus exportaciones.


-Eso tiene su lógica. Los bancos financian habitualmente una cifra de alrededor del 65% de la inversión y requieren algún tipo de garantía de que van a cobrar los pasivos. Además la actividad está expuesta al precio de los commodities, lo que en el caso de la Alumbrera implicó pérdidas importantes durante los primeros siete u ocho años de operación, cuando hubo que refinanciar pasivos. El precio de la libra de cobre estaba entre 1,10 y 1,15 dólares cuando hicimos el estudio de factibilidad (1995); la factibilidad para los bancos se basó en un precio de visibilidad de largo plazo de 0,95 dólares la libra de cobre; y entre 1999 y 2005 la cotización fue de entre 0,70 y 0,80 dólares. En el caso del oro, la factibilidad se hizo con una onza a 350 dólares como precio a largo plazo y entre 1999 y 2005 estuvo en el orden de los 270 a 280 dólares.


-¿Cómo afectó a la actividad minera la crisis de 2001?


-A nuestra industria no le tocó ninguno de los beneficios que todos sabemos que hubo en la Argentina. Determinados sectores contaron con facilidades para hacer frente a sus pasivos en dólares, pero ese no fue el caso de la minería. Tampoco se pidió. Lo único que queremos es que se mantengan las reglas de juego que estaban vigentes al momento de la inversión.
-Otro de los argumentos que se suele esgrimir contra las mineras es que cuentan con exenciones impositivas que no tienen otros sectores.


-Tenemos que aclarar que, a nivel nacional, Alumbrera ha pagado en los últimos cuatro años una cifra cercana a los 800 millones de dólares en impuesto a las ganancias. El último año pagamos 200 millones de dólares. Lo que estamos pagando es una cifra cercana al 2% de la recaudación total del impuesto a las ganancias. Perdimos plata durante los primeros siete años y, cuando tuvimos utilidades en 2005, en ese momento por amortización solo pudimos cubrir una cifra significativamente más baja. Debido a la pesificación, dedujimos 1500 millones de pesos, cuando nuestra inversión había sido de 1500 millones de dólares durante la convertibilidad.
-¿Cuál es el impacto ambiental de la minería a cielo abierto?


-En primer lugar, la minería a cielo abierto es mucho más segura que los socavones. Además es el único sector industrial de la Argentina que tiene una ley especial para los temas ambientales. Antes de mover la primera piedra, hay que presentar un plan para la vida de la mina, donde hay que decir qué se va a hacer desde el día que empiece la actividad hasta el día que finalice, incluyendo un plan de cierre de la mina. Además las empresas tienen que cumplir con las normas ambientales de sus países de origen y las Bolsas -en las cuales cotizan las empresas que operan las minas- tienen derecho a ejercer un control sobre el comportamiento de las empresas.
-Sin embargo, hay provincias que prohibieron la minería a cielo abierto.


-Hasta ahora, de las provincias que han prohibido esta actividad, ninguna tiene posibilidades de desarrollarla. Córdoba es una de ellas y no tiene un potencial minero importante, salvo el desarrollo de uranio en algunas zonas, y el resto de las minerías son calizas (cemento y cal). No hay ninguna provincia con potencial minero que haya prohibido esta actividad: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. Nadie ha dado hasta ahora ninguna razón concreta por el lado del incumplimiento ambiental. Por los medios se han hechos muchas denuncias, pero cuando llegaron a la etapa de la prueba y la demostración, nadie ha logrado ninguna evidencia.
-¿Cómo se encuentra la causa judicial contra Minera Alumbrera?


-Se tomó una serie de muestras. La primera fue abierta sin que nosotros estuviéramos presentes, por lo cual fue impugnada. La contramuestra, que se analizó en un laboratorio de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), mostró que el agua estaba en perfectas condiciones. Por otra parte, a lo largo de los doce años de actividad, se han tomado más de un millón de muestras tanto en el dique de cola como en la descarga de agua de Tucumán y nunca se han encontrado valores que estuvieran por fuera de los parámetros establecidos. Yo creo que es suficiente prueba. Habrá habido otras razones políticas o presiones sociales que han llevado a estas denuncias. Todas las pruebas son contundentes en el sentido de que Alumbrera está operando perfectamente.
-Se menciona también el uso de cianuro en la minería a cielo abierto.


-Nosotros no utilizamos cianuro. Esto es fácilmente demostrable porque cualquiera puede ir a la Secretaría de Minería y pedir la declaración jurada de importación. Nosotros no hemos importado cianuro. A pesar de nuestro caso, debo decir que las empresas que lo utilizan tienen sistemas que les permiten ejercer un control total, ya que el cianuro se mueve en circuito cerrado.
-¿Qué ocurre con el uso del agua?


-Minera Alumbrera usa la misma cantidad de agua que una explotación de soja de 3000 hectáreas en Catamarca. Por lo tanto, el porcentaje de la empresa respecto al total del agua que se consume en la provincia es muy bajo. Por otra parte, nosotros hemos presentado el modelo del acuífero dentro del impacto ambiental. Existen pozos de monitoreo del acuífero de Campo del Arenal, del cual extraemos el agua, que son estudiados por la Secretaría de Ambiente y por la Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca, y en alguna etapa habían sido controlados por el Instituto Nacional de Aguas y por la Secretaría de Ambiente de la Nación. Nunca nadie encontró desvíos de los niveles freáticos respecto de los valores que están contemplados en el modelo que nosotros hemos presentado.

fuente : http://www.defdigital.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&catid=50:notas-de-tapa&id=583:detras-de-cada-delito-ambiental-se-esconde-un-funcionario-corrupto&Itemid=118


(128) “Como hacer una denuncia penal”

 

Ley 26.395

Publicada en Boletin Oficial el 28 de agosto de 2008.-

ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 175 y agrégase el artículo 175 bis del Código Procesal Penal de la Nación, quedando redactados de la siguiente manera:

 Artículo 175: La denuncia presentada ante la policía podrá hacerse por escrito o verbalmente; personalmente, por representante o por mandatario especial. En este último caso deberá agregarse el poder. En el caso de que un funcionario policial reciba la denuncia en forma escrita comprobará y hará constar la identidad del denunciante.
Cuando sea verbal, se extenderá en un acta de acuerdo con el Capítulo IV, Titulo V, del Libro 1.
En el caso que la denuncia sea presentada ante la fiscalía o el juez la misma deberá ser escrita; personalmente, por representante o por mandatario especial. En este último caso deberá agregarse el poder, debiendo ser firmada ante el funcionario que la reciba, quien comprobará y hará constar la identidad del denunciante.
A los fines de comprobar su identidad, el denunciante podrá presentar cualquier documento válido de identidad.
Artículo 175 bis: Cuando la denuncia escrita sea presentada ante la policía, el funcionario que la reciba, luego de la comprobación de identidad señalada en el artículo 175 CPPN deberá colocar en el escrito un sello que acredite la hora y el día de la recepción, el nombre de la dependencia policial y el número de registro de la denuncia, pudiendo otorgarle una constancia de la presentación o firmando la copia, a pedido del denunciante.
En ningún caso se podrá rechazar la presentación de la denuncia, sin perjuicio del trámite judicial que ulteriormente corresponda”.
ARTÍCULO 2°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Por el “brillante cambio de la Honorable Camara de Legisladores de la Nacion ” las denuncias a la Fiscalia o a el Juez (para que esta inicie las investigaciones correspondientes) “solo deben hacerse por escrito” y quedan excluidos los analfabetos que no pueden realizar la denuncia por escrito y menos con el lenguaje tecnico legal requerido….

denuncia

” Como hacer una denuncia penal”

 

Preparación, prueba y

presentaciòn

 

  PARTES DE UNA DENUNCIA:

1.Presentación

2.Motivo u Objeto de la denuncia

3.Prueba

4.Ley

5.Imputación

6.Petitorio

 7.Firma

  1.PRESENTACIÒN

  Presenta Denuncia

 Señor Fiscal:

Juan Perez, DNI 17.555.000, domiciliado en Las Piedras 565, 1er piso, Tucumàn, teléfono 54874254, correo electrónico juanperez@latinmail.com, al Sr. Fiscal me presento y digo:

  2. Motivo u Objeto

  OBJETO    

   En la ciudad de Humajuaca, de la provincia       de Jujuy un camión de la municipalidad recoge       todos los días la basura. No diferencia la       basura domiciliaria de la patogénica  producida       en el hospital, los consultorios médicos y veterinarios. Luego la arroja en el basural vecino al curso del rio quepasa por el lugar, río que sirve para dar agua a las comunidades y pobladores rurales de la zona.

No ecatimar detalles en la narracion del Motivo o Objetivo como si fuere una novela narrada por escrito

  3. PRUEBA

  PRUEBA

 a) Fotografíasy filmaciones Acompaño como prueba fotos  del momento en que se recoge la basura en los distintos lugares como así también del momento en que se tira la basura al rio,  las bolsas flotando, una de las bolsas abiertas en cuyo interior se ven jeringas algodones con sangre, placentas, etc. La persona que toma las fotografías se llama José Perez y vive en Casa01 del Barrio Yocabul, Humahuaca, pcia de Jujuy.

las fotos no deben estar modificadas por programas como el Photoshop y las filmaciones no deben estar “editadas” (solo grabaciones continuas) se recomienda mandar fotos representativas de la denuncia ya que con los tiempos de los magistrados ; se requiere menos tiempo evaluar la denuncia por las fotos y luego ampliar la informacion  con el  video

Adjuntar nombres de testigos que participaron en la grabacion de la prueba (en el lugar del hecho,pasarlo a una pc y luego grabarlo para presentarlo ante la fiscalia o el juzgado correspondiente)

  b) Testimoniales Ofrezco como testigos a los sres: 1)Domingo Perez domiciliado en la calle … que fue la persona que sacó las fotos. 2) Ceferino Tomez, domiciliado en….chofer del camión de residuos 

c) Documental Acompaño la orden escrita de la municipalidad que establece el lugar de destino de los residuos

 

 4. Ley penal

  Derecho El art. 55 de la ley 24.051 castiga con penas de prision al que contamina el aire el agua o la tierra con residuos o métodos identificados en sus anexos. El art. 56 amplia la imputación a los que obraren con negligencia. Entendemos que al menos uno de estos dos topos penales es aplicable a las conductas mencionadas en esta denuncia

Buscar en el codigo penal que ley no se esta cumpliendo con lo denunciado, (se adjunta esta informacion para demostrarse conocedores del Derecho y de sus Propios Derechos …)

5.  Responsables

  Imputados    Los autores materiales de este delito son los médicos y veterinarios que enumeramos por anexo separado identificados en su domicilio. También solicitamos se investigue al director del hospital y al intendente municipal Dr. Juan Cheque ya que como responsable de la recolección de residuos de nuestra ciudad no  discrimina la basura por su peligrosidad como lo dice la ley 24.051.

Aqui se detalla de poder identificarlos con todos sus datos ,sino el nombre del director ,presidente o encargado de la Empresa que se Denuncia lo mismo si fuere de competencia de la Administracion Publica Municipal ,provincial o Nacional  (sea Intendente ,Gobernador o Presidente)

Para que la denuncia no termine archivada para “la eternidad” se recomienda unir en el pedido 20 vecinos que realicen la misma denucia todos los dias habiles durante  un mes (Podran demorar este pedido un mes o dos  ,pero no tres con 20 denuncias penales por la misma causa…)

6.  Petitorio

  Por todo ello SOLICITO:

 1) Se reciba la presente denuncia y se requiera instrucción ante el Juez Federal

 2) Se me de participación como vícitma ya que el delito de contaminación me afecta como vecino del basural, haciéndome conocer los pasos importantes que reciba el procedimiento

3) Se ordenen las pruebas y se reciba declaración indagatoria a los imputados

PROVEER DE CONFORMIDAD, SERÁ JUSTICIA

7.Firma  

la denuncia debe estar firmada ,con su aclaracion y DNI (no se aceptan denuncias anonimas) La representacion de su denuncia (si es viable )la iniciara el Fiscal sea de jurisdiccion Provincial o Federal  ;

“sus clientes “como abogados del Estado son  ud., su vecino y cualquiera que habite el suelo Argentino o de cualquier Pais que se inicie la denuncia (repasando el Derecho Procesal Penal y el Derecho Penal de cada Pais)