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“La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando, detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como objetivo propio”

Domingo 11 de marzo de 2012 | Publicado en edición impresa

Entrevista con Antonio Gustavo Gómez

 

“Hay impunidaden materia de contaminación”

 

El fiscal general de Tucumán explica por qué cree que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y revela datos estremecedores: la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá, el pueblo catamarqueño que se alzó contra la contaminación minera

 

Por Laura Di Marco  | L

Qué margen tiene un fiscal hoy, en la Argentina, para investigar seriamente al poder? “Ninguno; absolutamente ninguno”, fue la inquietante respuesta del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuyo cargo es uno de los más importantes en la justicia federal del Norte.

“La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando, detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como objetivo propio”, relata a LA NACION este fiscal, que nació en Puerto Deseado hace 52 años, y que se ha ido transformando en una suerte de emblema para los ambientalistas de Andalgalá, aquellos que militan en contra del megaproyecto minero que explota la empresa Bajo La Alumbrera.

Ocurre que Gómez se especializa en derecho penal ambiental y, desde que llegó al Norte -donde, según dice, “hay delito ambiental para hacer dulce”- abrió más de 80 causas, entre ellas una contra un alto ejecutivo de la empresa que explota Bajo La Alumbrera, el megaproyecto minero que, hace menos de un mes, fue blanco de furiosas protestas.

Para pesadilla de muchos, desde que llegó a Tucumán, en 2001, puso en la mira de sus investigaciones a ingenios, citrícolas, papeleras, recolectoras de residuos, frigoríficos. Procesó, además, a autoridades públicas por su complicidad en la contaminación, ya que una de sus máximas jurídicas sostiene que “detrás de cada delito ambiental, no hay desidia, ni distracción sino un funcionario corrupto”.

Pero a Gómez no parece bastarle con investigar a quienes dañan al ecosistema. Hace tiempo que viene poniendo el ojo, también, en delitos económicos complejos, como el contrabando y la evasión tributaria en materia sojera, desde que el Norte se convirtió en tierra fértil para el “yuyo maldito”. Lo explica: “Hay grandes multinacionales que bajan a Tucumán, con maletines llenos de dinero -los tienen escaneados, según cuenta- para comprarles a productores que, en su gran mayoría, trabaja en negro. Y como el exportador necesita una factura, es allí cuando aparecen empresas falsas, vendiendo facturas truchas. Desmontamos varias de estas redes”, relata.

La corrupción dentro de la propia administración de Justicia es otra de sus acciones fuertes. Y da un ejemplo impresionante: “Hemos tenido el caso de un juez del tribunal oral federal de Salta que fue sorprendido en conversaciones telefónicas con los narcos, que negociaban su libertad a cambio de dinero”.

En el marco de una gira por Europa y Estados Unidos, que empezó la semana pasada y durará un mes, dará una serie de conferencias relacionadas con su expertise. En los próximos días, por ejemplo, hablará ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, donde expondrá un caso de contaminación ocurrido en Abrapampa, Jujuy, donde el 82 por ciento de los chicos recibieron contaminación con plomo que deriva en graves discapacidades mentales. Habían instalado, en el medio de la ciudad, un campo de residuos de plomo. La empresa había abandonado el lugar, después de quebrar, y nadie más se había ocupado del asunto.

“Voy a utilizar el caso como prueba de la impunidad que existe en materia de contaminación en la Argentina”, avisa.

-Le han hecho fama de fiscal antimegaminería, ¿compra ese rol?

-No me considero antimegaminería. No estoy en contra de la minería ni mucho menos. Estoy en contra de los delitos que se cometen en nombre de la minería, que es muy distinto, y en contra, también, de la explotación minera irracional y sin controles estatales.

Es cierto que soy un fiscal federal que trata de hacer su trabajo en materia de delitos ambientales -agrotóxicos, vinaza, residuos radiactivos- y probablemente me destaco porque, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. No hay fiscales federales preocupados en capacitarse y avanzar en materia de delitos ambientales. Mi interés por la justicia ambiental empezó cuando me nombraron fiscal federal en Chubut. Entonces, abrí una causa penal que alcanzó mucha difusión, la de un empetrolamiento de 17.000 pingüinos, en 1991. El reclamo internacional por el daño ambiental y la ineficacia de las normas administrativas para tratar el tema me convencieron, finalmente, de que la única herramienta es el derecho penal ambiental.

-¿Qué presiones se enfrentan cuando se investigan delitos ambientales?

-Detrás de cada delito ambiental no hay ni distracción ni desidia, sino un funcionario corrupto, por lo que en Tucumán hubo algunas condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito. Perseguimos al contaminador, pero también al funcionario que le ha permitido contaminar. Hemos iniciado causas de oficio y alentamos a la gente para que participe y haga denuncias (la página para hacerlo es www.fiscaliagratucuman.gov.ar )

La realidad es que, cuando investigamos un delito ambiental, la mayor presión que recibimos es del propio Estado. Y no sólo no reclama indemnizaciones -porque, sin duda, los más afectados por la contaminación siempre son los más pobres, que se atienden en hospitales públicos-, sino que es cómplice. Y lo peor: combate a quienes investigan.

-Hace unos meses, sin embargo, el gobernador de Santiago del Estero se convirtió en querellante ante la contaminación que, al parecer, está afectando a las Termas de Río Hondo.

-Sí, Zamora se constituyó en querellante porque las termas están afectadas, entre otras cosas por el megaproyecto de Minera La Alumbrera, y puede afectar al turismo. En las termas hay metales pesados, algunos incluso radiactivos, que en las aguas generan enfermedades. No sucedió así, sin embargo, con el gobernador Alperovich (de Tucumán), que empezó con una demanda por contaminación, hasta que La Alumbrera construyó el hospital de Niños en la provincia. Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder político, y difícilmente ocurre al revés, por eso es mucho más difícil investigarlo y lograr condenas. El poder económico puede comprar con mucha facilidad al Poder Judicial, o puede presionar al poder político para designaciones en el poder judicial. En la juridiscción mía, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, los jueces de primera instancia son suplentes, desginados a dedo por el oficialismo. Eso hace que no tengamos una administración de Justicia realmente independiente.

-La protesta de los vecinos y asambleístas de Andalgalá se basa en que el megaproyecto minero afecta la salud de la gente; sin embargo, la empresa que explota el yacimiento, Xstrata Copper, argumentó que no usa cianuro en la producción de oro y, además, mostró estudios realizados por médicos prestigiosos como Daniel Stamboulián, titular de Funcei, cuya conclusión es que la minera no afecta el medioambiente. ¿Qué argumentos tiene usted para sostener lo contrario?

-En materia de minería, Andalgalá es una de las ciudades mas afectadas por la cercanía de un megaproyecto minero con las consiguientes consecuencias ambientales dañinas que ello conlleva. Y además, gracias a los avances tecnológicos, ya no están aislados: cuentan con información, tanto para darla como para recibirla.

Por otro lado, le digo que sí tiran cianuro y lo dice la misma empresa en un informe de impacto ambiental, presentado en junio de 2006, cuyo análisis fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (Ina). Esto, creo ya, da por tierra esa discusión. Además, existen estudios que revelan datos inquietantes: que la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá. El doctor Luis Alberto Flores, del hospital zonal, realizó, junto a un grupo de especialistas, un trabajo de investigación ante el aumento de casos de niños y niñas con cáncer, y la muerte de jóvenes por esta enfermedad. Desde la radicación de la minera la Alumbrera en Catamarca hace más de 15 años, curiosamente, aparecieron distintos tipos de cáncer que afectan a gran parte de las ciudades aledañas a la explotación de la mina. Cada año, se registran cinco casos de cáncer óseo en niños en Andalgalá.

El procesamiento por contaminación contra La Alumbrera dictado por la Cámara Federal de Tucumán, en 2008, en un fallo muy valiente, puso en crisis todo el sistema de minería a cielo abierto y se realizó en base a una comunidad que presionó a los jueces por los daños físicos provocados por la contaminación (muerte de animales, plomo en sangre de los chicos, etcétera), además de la falta de agua en los valles donde se cultiva, a raíz del uso indiscriminado del agua. Luego, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo de falta de mérito -dos votos contra uno-, declarando nulo el procedimiento. Esta causa penal lleva ya 12 años, y el 28 de marzo la presentaré ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponerla como un claro caso de vulneración del Pacto de San José de Costa Rica.

-Por lo visto, los escollos son muchos en materia de delito ambiental, ¿pudo lograr condenas concretas?

-Claro que es posible condenarlos. Por ejemplo, a los propietarios de un sanatorio, a tres años de prisión en suspenso, por la contaminación de un basural con residuos patogénicos. Y a un intendente, cómplice de una situación de contaminación a un año de prisión. Es posible condenarlos.

-Más allá del tema ambiental, ¿qué posibilidad tiene en la Argentina un fiscal para investigar seriamente al poder?

-Ninguna. Absolutamente ninguna si es como emergente de un juramento y mandato legal. La impunidad en Argentina sólo puede ser vencida por los fiscales de dos maneras: o con apoyo del propio Estado como ocurrió con los delitos de lesa humanidad a partir de que fue incluida en la agenda política por el doctor Néstor Kirchner o cuando tiene detrás del magistrado un apoyo militante de la sociedad que lo reinvidica como objetivo propio.

-Que el poder económico compra al poder político es un buen título, pero ¿qué evidencias puede ofrecer para apoyar esa conclusión?

-Lo he advertido cada vez que me ha tocado investigar algún caso de corrupción en obra pública. Por ejemplo, y por dar sólo uno pero hay otros), el caso “Lomas de Tafí”, el del Plan Argentina Trabaja, o en los mismos delitos ambientales causados en nombre de la minería. Y en este sentido siempre digo que en el mundo la manera más efectiva de ganar dinero rápido y fácil es contaminando. A más contaminación más dinero. A más dinero, mayor corrupción; a mayor corrupción más impunidad y a más impunidad más dinero. Y así en una espiral ascendente del cual las empresas multinacionales y las ecomafias italianas han tomado debida cuenta.

-La afirmación sugiere un alto grado de corrupción en la administración de la Justicia.

-El problema de la corrupción en la administración de la Justicia es muy fuerte. Un juez del tribunal oral federal de Salta fue sorprendido en conversaciones telefónicas, grabadas por el Ministerio público, negociando con narcos su libertad. El juzgado federal de Catamarca hace diez años que está vacante, no se designa. Hay un juez suplente, que tiene una vinculación de parentezco con Alicia Kirchner.

Cuando vos estudiás la corrupción, te das cuenta de que el funcionario corrupto arma un entorno, que compromete a varios para que, en el caso de ser descubierto, varios caigan con él. De ese modo, también garantiza el silencio de sus cómplices. El hombre conserva mucha información y documentación. Tenemos el 20 por ciento de los jueces y fiscales designados a dedo, sin acuerdo del Senado de la Nación; no interviene el Senado.

-¿Qué relación hay entre contaminación y pobreza?

-Directa. Los terrenos contaminados, las márgenes de los ríos como el Riachuelo o el Salí en Tucumán están poblados de villas miserias porque son espacios físicos rechazados por las clases sociales más pudientes. Es además un detonante que agrava la pobreza porque genera un sinnúmero de enfermedades propias de la contaminación que los circunda y de la que no pueden defenderse.

Proclamo que los fiscales tenemos como “clientes” a las víctimas de los delitos. Y en materia ambiental, no hay una víctima más dolorosa, ni más sufriente que los pobres. Las áreas de contaminación ambiental no son ocupados por gente de clase media o alta sino por los más pauperizados. Además, no tienen acceso a la Justicia.

-Al principio de la entrevista hablábamos de las presiones para avanzar en las investigaciones, ¿usted las recibe?

-Sí, claro, pero no me gusta hablar de ello porque en materia de administración de justicia, donde se involucra el poder económico y político en un mismo platillo de la balanza, los magistrados son muy propensos a “atender teléfonos que nunca suenan”. Esta censura casi inconsciente se basa en el miedo. Y hablar de presiones es dar pábulo a ese miedo.

MANO A MANO

Hace un tiempo, en el jardín de su casa tucumana, en Yerba Buena, apareció muerto su perro. Bueno, lo de “apareció muerto” quizá no sea la expresión más exacta: el perro había sido envenenado, algo que, teniendo en cuenta las causas que este fiscal ha investigado, podría hacer pensar, y de hecho lo hizo, en un mensaje mafioso, en una advertencia.

El fiscal Gustavo Gómez vive rodeado de mujeres: su esposa, de origen mapuche; tres hijas, su suegra y dos perras. Hasta su custodia es femenina. Y vive entre causas penales, presiones y reclamos ambientalistas. Por momentos, me hace acordar al ex fiscal Manual Garrido, que finalmente, maniatado, tuvo que renunciar. Aunque, entre ambos, hay una diferencia importante: el fiscal tucumano parece más desprotegido.

Sus empleados lo adoran; sus “mujeres” viven para él; para las ONG ambientalistas es casi un héroe, igual que para los indios quilmes, que viven en las zonas contaminadas; el Nobel de la Paz, que viene promoviendo la creación de un Tribunal Internacional para delitos ambientales, lo distingue (Gómez es el encargado de explorar las vías jurídicas para desarrollar esa propuesta).

Sin embargo, pienso, este hombre no puede ser perfecto. Algún lado oscuro debe tener. Se lo pregunto. “Ah, sí, tengo un problema con el ego; debo luchar contra él”, confiesa. “¿Con el ego, con la necesidad de buscar reconocimiento por lo que hace?” Admite que sí.

Bueno, ahí la cosa cierra más. Perfecto no es. Pero en mi opinión, nada opaca una virtud que, por estas pampas, resulta tan necesaria: la decisión de investigar, con o sin miedo. No es poco en la Argentina. Ni en ninguna parte del mundo..

LA NACION

fuente: http://www.lanacion.com.ar/1455166-hay-impunidaden-materia-de-contaminacion

“Ituzaingó marcará un antes y un después”

 

28/11/2011 00:20

Por Juan Pablo Martínez

Dos productores agropecuarios y un piloto de avioneta serán llevados al banquillo por haber fumigado de manera clandestina campos de soja muy cerca de viviendas en barrio Ituzaingó Anexo. Para Gustavo Gómez, fiscal federal general de Tucumán y especialista en derecho ambiental, este juicio que se llevará adelante en febrero, el primero en el país contra productores, será emblemático porque “marcará un antes y un después en materia de contaminación con agrotóxicos”.

 

Para Gómez, es fundamental que en las causas ambientales haya una condena penal. Asegura que esto ayuda mucho en prevención y que por lo general las acciones con recurso de amparo para frenar ilícitos nunca llegan a buen puerto: “Muchas veces se utiliza la figura del amparo para avanzar en estos casos, pero yo no soy muy partidario de esto porque nuestro país adolece de un serio problema en la administración de Justicia, y muchas veces, nuestros poderes políticos y económicos ni siquiera cumplen con lo que pide la Corte Suprema de Justicia”.

 

El caso Matanza-Riachuelo (en Buenos Aires) es una muestra del fracaso de un recurso de amparo admitido por la Corte, que fija un cronograma de cómo sanear la cuenca y todavía, a dos años del dictamen, no se ha cumplido con casi nada, ilustra el especialista.

 

“En cambio, la acción penal es la amenaza de poner presos a los infractores. En Tucumán, tenemos condenados a intendentes por ser cómplices de contaminación ambiental, a empresarios del ámbito de la salud por tirar residuos patógenos a basurales, y eso genera prevención. Vaya a ver si en Tucumán se tira una jeringa en un basural, cualquiera sabe que puede ir preso por eso, entonces la represión termina funcionando como prevención”, analiza el fiscal.

 

La causa que se juzgará en febrero tiene sus inicios en 2008, cuando el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Merardo Ávila Vázquez, denunció que en barrio Ituzaingó Anexo se estaba fumigando muy cerca de las viviendas de los vecinos, pese a que regía una prohibición para realizar esa actividad a menos de 500 metros de la barriada. La investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Matheu, quien detectó presencia de agrotóxicos a 200 metros de las casas.

 

“Este juicio será importantísimo, porque acá no están en juego únicamente estas personas. Esto puede llegar a crear jurisprudencia que va a afectar a Monsanto, a las grandes empresas que utilizan agrotóxicos para obtener más dinero”, sostuvo el funcionario. “Creo que el éxito de esta causa está en el fiscal Matheu, que peleó muy firme para que se pueda llegar a esta instancia, apoyado por la gente. Y esto también es importante, porque ninguna causa penal prospera si no hay apoyo social”, dice Gómez.

 

En Córdoba, los productores están acusados de “contaminación dolosa”. Por ese delito les puede corresponder una pena de 3 a 10 años de prisión, por violaciones a la ley nacional de residuos peligrosos 24.051 y la ley provincial de agrotóxicos 9.164. Por la contaminación en Ituzaingó, se registraron casos de cáncer en 200 personas.

 

Gómez le sugiere a los vecinos que ante situaciones de estas características no se queden de brazos cruzados, porque hay instancias judiciales para frenar o prevenir casos de contaminación. “Es muy importante no quedarse en la denuncia. Nuestra Justicia en ese sentido fracasa, habitualmente en el ámbito provincial. Por ejemplo, en el norte, está muy al servicio del poder, entonces hay que presentarse como querellantes. Hay que activar el resorte de que cada vecino se transforme en un fiscal de la causa. Esta cuestión, de ser activos en causas penales es nueva, y se ha elevado la posibilidad en los últimos dos años”, sostuvo el fiscal federal.

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“Nada nos va a devolver la salud”

Las madres de Ituzaingó aguardan con ansias que llegue febrero. Desde 2002, ellas denuncian la contaminación en el barrio y ahora esperan que el juicio por las fumigaciones en 2008 tenga un resultado favorable para su lucha.

Sofía Gatica y María Godoy son dos de las representantes de estas mujeres que todos los días pelean por un barrio mejor. Serán testigos en el juicio y se ilusionan con la posibilidad de que los productores sean condenados por las fumigaciones.
Sofía tiene a sus hijos enfermos y en tratamiento, por eso desde hace ocho meses no vive más en Ituzaingó Anexo. “Yo viví 22 años en el barrio, eran ellos o nosotros, y como no tuvimos respuesta me tuve que ir. Uno de mis hijos tiene una enfermedad que es acelerable, mi hija tiene tres agrotóxicos en el cuerpo. Mi casa está a 50 metros del campo, yo no me puedo arriesgar a volver, ya perdí un hijo, nada nos va a devolver la salud”.
María todavía no se olvida de lo que se siente cuando el cuerpo entra en contacto con los agrotóxicos. Una vez le tocó parar, junto a otros vecinos, una máquina que estaba fumigando a 100 metros de las casas: “Estaba lejos pero sentía que se me secaba la garganta, que me ardían los ojos, lo sentís muy fuerte en la nariz. Con el avión es peor porque te rocía todo. Al otro día, me levanté con los ojos pegados”.
En el barrio todavía reclaman prevención para evitar que la situación no empeore. Creen que con una condena mejorarían muchas cosas en lo que a contaminación con agrotóxicos y al cuidado del ambiente se refiere, pero por eso saben que aunque hayan llegado al juicio la lucha no se termina.
“Los ciudadanos no somos conscientes de los perjuicios que le generamos al ambiente, no cuidamos el agua, los bosques, a la gente no le importa nada, mientras esté todo bien en casa no se le da importancia a lo que pasa de la puerta para afuera”, analizó María.

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Para Matheu, hay prueba

Para el fiscal que instruyó en la causa de Ituzaingó Anexo, Carlos Matheu, hay una altísima probabilidad de que haya una condena. “Tenemos muchas pruebas contundentes, está todo muy bien fundamentado para demostrar lo que planteamos”, sostiene.
De los campos fumigados se extrajeron muestras de endosulfan y glifosato a 200 metros de las casas de las familias. Los imputados en esta causa son Francisco Rafael Parra, dueño de las tierras y productor sojero; Jorge Alberto Gabrielli, inquilino y explotador de uno de los campos; y Jorge Pancello, piloto aplicador de los productos químicos. “Estamos convencidos de que éste va a ser un caso testigo, porque vamos a sentar un precedente para otras causas. Va a ser la primera vez que productores sean juzgados”, destaca Matheu.
De 2008 a esta parte, los imputados intentaron zafar de la situación, primero intentando apartar al fiscal declarándolo incompetente argumentando que se trataba de un delito federal. Luego, diciendo que no había pruebas suficientes.
“Sostenían que no se había visto la espiga de humo desplegada por el avión al momento de la aplicación. Nosotros, con testimonios, constamos que los vecinos habían sentido picazón de garganta, olor, ruidos de motores, un montón de cosas para presumir que efectivamente se había fumigado”, dice Matheu.
Matheu opina que en las leyes ambientales son necesarias figuras penales que castiguen con cárcel a quienes por sus acciones perjudiquen a la salud de terceras personas.

fuente : http://www.diaadia.com.ar/cordoba/ituzaingo-marcara-antes-despues

 

(190) Lanzan campaña latinoamericana contra el cianuro

Latinoamérica – General Viernes 14 de Mayo de 2010 11:27

 Es impulsada por Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL. La información que acompaña el lanzamiento de esta campaña es la base para convocar a las organizaciones de la sociedad civil, gremios y sindicatos, comunidades, académicos y gobiernos, para luchar por lograr la prohibición del cianuro en actividades mineras en toda América Latina.

Para adherir a la campaña y mayores informaciones comunicarse con:
Coordinación OCMAL

conflictosmineros@conflictosmineros.net

(188) El Parlamento Europeo Prohibe el uso de Cianuro en su Mineria !!!!

“Los diputados europeos han aprobado la prohibición del cianuro en la Unión Europea”, se felicita Evenimentul Zilei, tras la adopción de la resolución por parte de Bruselas, el 5 de mayo. El Parlamento europeo aprovecha para invitar a la Comisión a “proponer la prohibición total de las tecnologías mineras basadas en el uso del cianuro de aquí al año 2011”, considerando que este es el único medio de protección del medioambiente contra la contaminación. Esta resolución había sido promovida en el año 2000 por algunos eurodiputados rumanos, motivados por la catástrofe ecológica de Baia Mare, que contaminó el agua potable destinada al consumo de 3 millones de personas en Rumanía y Hungría.

La aprobación de esta resolución europea no ha impedido que el gobierno rumano haya autorizado el inicio de los trabajos de lo que debe será la más grande explotación aurífera en Europa: Rosia Montana, que justamente basa su tecnología en en el uso del cianuro. “El gobierno debe de comprender que el mensaje de la resolución le atañe directamente y que los esfuerzos para poner en marcha el proyecto de  Rosia Montana deben ser suspendidos”, subraya la eurodiputada Renate Weber.
 fuente : http://www.presseurop.eu/es/content/news-brief-cover/246281-el-cianuro-prohibido-en-las-minas

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea (28.29 kB)

descargar desde : http://www.noalamina.org/descargas/category/11-minera-internacional?lang=es

(172) ¿Que es la Higiene Industrial?

Higiene industrial 

 La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación,la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en general.

 Higiene Industrial (herramientas y enfoques)   ->(pdf)

 Sumario:  Objetivos, definiciones e información general – Identificación de peligros – Evaluación del medio ambiente de trabajo – Higiene industrial: control de las exposiciones mediante la intervención  – Fundamentos biológicos para evaluar la exposición  Límites de exposición profesional